Encrucijada y dilema de una reforma tributaria
El presidente Duque y el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentarán al Congreso para su discusión en el primer semestre de este año, la cual han denominado Reforma Fiscal.
Con ella se pretende recaudar, a partir del 2022, aproximadamente Col $ 20 billones anuales, equivalente al 2% del PIB.
De esta forma se pretende subsanar el déficit fiscal, volver a mediciones de regla fiscal por debajo del 50% entre ingresos y gastos, reducir la deuda a un 50%, hoy superando el 60%, y mantener con calificadoras de riesgo niveles por encima de BBB que no afecten la tasa de interés de la deuda. Se estima que, si baja esta calificación, solo por concepto de intereses, tendría que pagar la nación Col $ 15 billones anuales adicionales.
Si bien es cierto las condiciones cambiantes del perfil fiscal, en parte, son reflejo de las medidas asistencialistas adoptadas para enfrentar la pandemia, también es cierto que el país registra una baja base gravable poblacional, una enorme erogación de recursos para sostener la abultada burocracia estatal y judicial, acompañada de una galopante corrupción incrustada en todos los niveles de ejecución de recursos públicos.
Pero quizás la explicación mas contundente de la base gravable y consecuente bajo recaudo se atribuye al 49%, recientemente certificado por el DANE, de informalidad económica colombiana.
Quiere decir que tan solo el 51% de la población paga impuestos directos, con ello subsidiando en servicios de salud, educación, vivienda, servicios públicos básicos e infraestructura, entre otros, al 49% de informales que demandan estos servicios.
Ante esta realidad, es lógico que la única forma viable de recaudar los impuestos, requeridos para subsanar y estabilizar el comportamiento deficitario descrito anteriormente, logrando la totalidad de la población contribuya, es gravando una mayor cantidad de productos a través del impuesto del IVA.
Este año el déficit fiscal será subsanado con la jugada financiera maestra de la venta de ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) a ECOPETROL, sin perder ni control, ni gobernanza de lo publico, operación que dejaría un ingreso de Col $ 15 billones.
La encrucijada comienza, no solamente en entender la complejidad fiscal nacional, sino la imposibilidad de gravar aun mas la base tributaria que hoy soporta en sus hombros el recaudo. Un incremento en la tasa de tributación de renta implicaría un espiral de desinversión, contracción del aparato productivo privado formal, disminución del recaudo en el mediano plazo, aumento del desempleo.
Podría conducir, en vez de la esperada reactivación económica post pandemia a nociva etapa de desaceleración.
Lamentablemente el debate en el Congreso de la imperiosa necesidad fiscal se discutirá en un año pre electoral, escuchando cantos de sirena, argumentando plataformas populistas de afectación e impacto a la población, defendiendo esa misma 49% de informales, que se benefician unilateralmente de ayudas del estado sin retribución alguna.
El presidente Duque, fácilmente, solucionando el déficit de este año con la venta de activos estatales, podría pasar de agache y dejar el problema a la próxima administración. Sin embargo, su responsabilidad esta por encima del discurso populista y desgaste político.
Ojalá, en esta ocasión, los congresistas pensaran en el estable futuro y bien del país, alejándose del egoísmo propio de su caudal electoral.
No pueden, ni deben olvidar, que el país requiere un dinámico sector productivo formal privado, y no un paquidérmico aparato estatal que en nada contribuye fiscalmente con las necesidades de erradicación de niveles de pobreza.
